Ayotzinapa: tres años después

Juan Mora-Torres Publicado 2017-09-26 01:02:26

A principios de este siglo el subcomandante Marcos declaró que el gobierno de México estaba “abriendo las puertas del infierno”. En retrospectiva, no se equivocó. Se ha incrementado la pobreza espantosamente; existe la corrupción en todos los niveles del Estado; la violencia incesante se incrementa día con día y la disolución social es inminente, entre otros males que afectan a la mayoría de los mexicanos. Las puertas de ese “infierno” las abrió el gobierno, un gobierno que no gobierna para el bien de todos los mexicanos sino para el beneficio de los poderosos. La función principal del gobierno ha sido beneficiar a las instituciones financieras, a las corporaciones mundiales y a los billonarios. La función del Estado ha sido mantener, a todo costo, un sistema que enriquece a los poderosos a expensa de los débiles. Esta forma de gobernar ha generado un incremento en la desigualdad y que el Estado sostiene a través de la fuerza.

La pobreza de hoy no es como la pobreza de antes. En el pasado, la pobreza, en gran medida, estaba dictada por la escasez de recursos. La pobreza de hoy es producto de las prioridades del gran capital para acumular más riqueza. Por ejemplo, los cinco mexicanos más ricos tenían una riqueza combinada de $43.1 billones de dólares en el 2006. Para el 2011, su riqueza incrementó a $121 billones. Mientras la riqueza de estos 5 billonarios se triplicó, más de 10 millones de mexicanos entraron a las filas de los pobres. Hoy, la mitad de los mexicanos viven en la pobreza y estas cifras crecen día a día.

El capital mundial aplaude la obra del gobierno de México. Gracias al gobierno, México se ha convertido en uno de los países modelo para hacer grandes fortunas: tiene una de las manos de obra más barata y exprimida del mundo. Tan barata es la mano de obra en México que el mexicano gana el 40% menos que el trabajador chino (en el 2000, el mexicano ganaba 183% más que el chino). Entre los 35 países que componen la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el país con el salario mínimo más bajo y el que trabaja más horas por semana. No solamente el trabajador mexicano es el peor pagado y más explotado sino también reside en el país más corrupto de la OCDE.

En gran parte, la corrupción del México de hoy se debe a que la distinción entre el Estado mexicano y el crimen organizado es, por lo general, inexistente. Hace muchos años Carlos Hank González, el padrino de muchos políticos que se hicieron millonarios, dijo “un político pobre es un pobre político”. Este dicho se volvió la regla para la mayoría de los funcionarios públicos. Estos han usado el erario público para enriquecerse. Hoy en día, esta corrupción también se nutre de la “plata” que el crimen organizado ha usado para penetrar a todas las esferas del Estado, incluyendo las fuerzas de seguridad que no operan para proteger al pueblo sino para castigarlo.

Estas fuerzas protegen al crimen organizado y mantienen el orden económico que genera desigualdad. Esta combinación, incluyendo la impunidad para los fuertes, ha incrementado la violencia en México, especialmente a partir del 2006 cuando el Presidente Calderón declaró la guerra al narco. Desde entonces casi 200,000 personas han sido asesinadas (un promedio de 20,000 al año), más de 30,000 desaparecidos (alrededor de 9 por día y esto incluye solamente los casos reportados) y un número desconocido de secuestrados. Este año ha sido el más violento con más de 12,000 muertos en los primeros seis meses.

 La impunidad para los poderosos y la injusticia para los débiles está a la orden del día en México. Más del 90 por ciento de los homicidios no se castigan. Bajo el dominio de un gobierno corrupto que castiga al pueblo y recompensa a los poderoso, el pueblo ha aprendido, por su experiencia, la regla que es fútil pedir justicia en México porque no hay a quien apelar la injusticia. Como dijo Pablo Neruda, el poeta chileno, “el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba pan”.

El gobiernos emplea la violencia para inculcar miedo y para callar a la sociedad. También para reprimir a los desobedientes, como los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa. El caso de los 43 normalistas desaparecidos ha ilustrado más que cualquier otro evento de nuestro tiempo la profundidad del “infierno” mexicano. Causó una gran indignación entre la gran mayoría de los mexicanos porque se relacionó con su realidad. Los desaparecidos podrían haber sido uno de los “nuestros”, nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, nietos, sobrinos.

Hay dos versiones sobre lo que ocurrió en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014. La versión del gobierno apunta el dedo al presidente municipal de Iguala y su esposa. De acuerdo a esta versión, ellos ordenaron a la policía municipal el secuestro de los estudiantes y su entrega a los narcos locales. Los narcos quemaron a los 43 estudiantes hasta hacerlos cenizas en un basurero en las afueras de Iguala. En su versión, el gobierno cumplió con su misión de hacer justicia al arrestar a los culpables de la tragedia. Lo de Iguala se declaró caso cerrado y “es la verdad histórica de los hechos” en las palabras de Jesús Murillo Karam, el titular de la Procuraduría General de la República. Para el gobierno, lo de Iguala fue un caso aislado, una tragedia fuera de lo normal en México.

La versión de los normalistas de Ayotzinapa y los padres de los 43 desaparecidos se condensa en tres palabras: “Fue el Estado.” Su versión ha sido respaldada por la evidencia que han proporcionado otras investigaciones independientes. La evidencia demuestra una alto nivel de coordinación y colaboración entre dependencias del Estado y el crimen organizado, involucrando a los narcos locales, funcionarios públicos y la policía municipal, estatal y federal (y una alta probabilidad de la participación del ejército). En poco, las fuerzas de seguridad forzaron la desaparición de los estudiantes, demostrando, por lo menos en Iguala, que la línea que separa el Estado y el crimen organizado se había borrado. Lo de Iguala resonó en México no solamente porque los desaparecidos podrían ser uno de “los nuestros” sino también porque Iguala es una reflexión de la realidad cotidiana que se viven en gran parte del país. Lo de Iguala no es un caso fuera de lo normal, como insiste el gobierno, sino lo normal en gran parte de país.

Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de los desaparecidos tienen toda la razón en declarar “Fue el Estado” que encabeza Enrique Peña Nieto. Su intención es mantener viva la memoria de la gran injusticia que cometió “el Estado” y usar “los 43” desaparecidos como uno de los símbolos representativos de la ausencia de justicia en todo México. Por el otro lado, la intención del “Estado” es el olvido en declarar lo de Ayotzinapa como “caso cerrado”. En esta batalla entre la memoria y el olvido que representan los 43 normalistas, tenemos que mantener viva la memoria de la noche del 26 de septiembre de 2014. Si nos olvidamos de ese día, estamos contribuyendo a caer todavía más adentro del infierno mexicano y de ahí ya nadie nos podra sacar.

 

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Juan Mora-Torres es historiador. Enseña en DePaul University y es autor del libro The Making of the Mexican Bortder.

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