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¿Cuántas son dos millones de personas? La Ciudad de Cuernavaca, más o menos, con todo y los chilangos que le hacen la vida imposible los fines de semana manejando como en el D.F.
Es el número de personas que la administración de Barack Obama, el “presidente de la esperanza” ha tenido a bien (o a mal), deportar en sus cinco años en la Casa Blanca.
Imagínese entonces el lector, a la Cuernavaca vacía completamente, sin comercio, sin vendedores piratas y sin compradores; sin nadie manejando un coche sorteando baches y topes, sin taxis y sin rutas, sin nadie que venda o coma tacos acorazados.
Al principio del régimen de George W. Bush, la Migra comenzó a hacer redadas en las fábricas. En poquitos meses, el liderazgo Republicano lo paró en seco, atendiendo a los llamados desesperados de la comunidad industrial. Les estaban quitando a los trabajadores, estaban dañando sus intereses.
En sus primeros tres años, deportó menos de 200 mil trabajadores anualmente. Los eventos del 11 de Septiembre lo hicieron cambiar su política, y a partir de la entrada en vigor del programa “Endgame”, los números subieron hasta los 360 mil deportados en su último año en Washington.
De entrada, en su primer año, Barack Obama deportó a 392 mil, y para el año de su reelección llegó a los 419 mil. Los capitalistas no protestaron, porque las deportaciones ayudaron a paliar la crisis económica del momento, sustituyendo trabajadores, mujeres por hombre, más baratas, nuevos por antiguos, más baratos, y permanentes por temporales, aún más baratos.
Los números estuvieron por debajo de los 400 mil nuevamente en los últimos dos años, pero no gracias al presidente, sino a una consecuencia impensada: las Cortes de Inmigración están sobresaturadas.
Con el aumento de las deportaciones llegó una respuesta de los activistas: “no firmes”. No firmar nada, ni la salida ni la deportación “voluntarias”, nada, y pedir siempre una audiencia con un juez. A más detenciones, contradictoriamente, creció el número de “legalizados a fuerza”, padres y madres de niños ciudadanos, con problemas educativos, de desarrollo o médicos; trabajadores con años de servicio, buenos pagadores de impuestos, sin antecedentes penales y que habían caído en las garras de la Migra manejando con un par de copas. La “teoría” del “buen inmigrante que cometió un error” resultó cierta. La mayoría de los detenidos demostraron tener el “buen carácter moral” que la cultura estadounidense predica. En algunas zonas del país, hasta dos de cada tres casos terminan en la legalización del inmigrante indocumentado, y en otras por lo menos en uno de cada tres.
Por otro lado, las Cortes están tan ocupadas que los casos, aún los que terminan en la deportación, comenzaron a alargarse. Una primera audiencia se programa para dentro de un año, y una segunda para dentro de dos.
Según Obama, la ley es la ley y tiene que hacerse cumplir aunque no sirva de nada. En realidad, la política de deportaciones es parte de una estrategia, ya completamente fracasada, para intentar cumplir su promesa de campaña a la comunidad latina, de lograr una pretendida “reforma migratoria”.
Desde el primer día, Obama alegó que la reforma migratoria tenía, necesariamente, que contar con el apoyo del Partido Republicano, tenía que ser bipartidista, aunque al ser investido como presidente el Partido Demócrata tenía absoluta mayoría en ambas cámaras del Congreso y la ley conocida como “Obamacare” se aprobó sin un solo voto del Partido del elefante. Contradictoriamente, bajo esa misma mayoría, se aprobó el nefasto “mandato de las camas”, que obliga a la administración a proporcionarle al menos 34 mil inmigrantes detenidos al día a las cárceles federales manejadas por compañías privadas, bajo pena de pagar una multa.
Para conseguir los votos Republicanos, Obama aseguró que había que demostrarles que “somos duros en la inmigración”. Su “dureza” ha resultado en tener la frontera más cara del mundo y en dos millones de deportados. Pero no ha conseguido los míticos votos Republicanos que quería. Por el contrario, los Republicanos lo han tirado a loco y cada vez lo critican por ser “suave”, por haber impulsado DACA, el programa de residencia temporal para los jóvenes que ingresaron al país antes de los 15 años.
De cualquier forma, Obama ha deportado a tres inmigrantes por cada uno al que le ha dado una residencia temporal.
Pero más allá de las deportaciones y de su pretendida “dureza” o supuesta “suavidad” con la inmigración indocumentada, el régimen de Obama realmente se ha cebado con las comunidades extranjeras.
Suyo es el Programa para la Remoción de Criminales Extranjeros, usado indiscriminadamente contra inmigrantes de todo tipo, no solamente criminales, incluso ha sido aplicado retroactivamente a inmigrantes residentes legales que tenían algún tipo de “ofensa deportable” hace más de una década, e incluyendo a veteranos del Ejército de Estados Unidos.
También son suyas las “auditorías forenses”, revisiones administrativas de toda la documentación de una compañía para detectar trabajadores indocumentados, checando no solamente números de Seguro Social sino entradas y salidas del país, domicilios y archivos de antecedentes penales, resultando aún en más despidos.
Peor aún, suyo es también el Programa E-Verify, que ha costado decenas de miles de despidos de trabajadores inmigrantes con antigüedad en el trabajo pero sin papeles. Bien usado, el programa cabe dentro de la ley, pero la administración ha envalentonado a los patrones a usarlo aún fuera de los términos legales, para aplicarse a trabajadores que no debían ser “verificados”.
Apenas en octubre del año pasado, la administración envió cartas a 10 mil compañías, urgiéndolas a “cumplir con la ley” aunque no estaban obligadas a registrarse en E-Verify. Y en el mismo mes, la Casa Blanca se comprometió con el congresista Luis Gutiérrez a implementar en un 100 por ciento el programa en tres años en vez de los cinco originalmente previstos, para ofrecerle la carnada al Partido Republicano en la Casa de Representantes y “motivarlos” a avanzar en la discusión de la pretendida “reforma migratoria”.
Siempre dijimos que era imposible deportar a todos los inmigrantes indocumentados. Aún al ritmo de 400 mil por año, se requerirían otros 8 años de deportaciones sin parar. Contando los casos de legalización por circunstancias mitigantes, los retrasos de las Cortes y demás, agréguele otros tres o cinco años. Y contando a los que llegaron ayer en la noche y los que entrarán hoy en la noche, auméntele otros 5 años. Sale casi igual que la pretendida “reforma migratoria” que algunos quieren que se apruebe en el Congreso, y mucho más caro.
A final de cuentas, lo que hemos visto en los últimos seis años no es una política de deportaciones, sino una política sistemáticamente anti-inmigrante. Desde el “mandato de las camas” hasta la implementación y uso del E-Verify, la administración Demócrata se ha lucido como una verdadera pesadilla para los inmigrantes.
Por eso sorprende que a estas fechas haya “activistas” inmigrantes apoyando a este partido para las elecciones generales que vienen…
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Jorge Mújica Murias. Periodista y organizador sindical. Autor de la columna México del Norte.
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