Recién se estrenó la película La noche de Iguala y trata sobre el caso Ayotzinapa que ocurrió hace poco más de un año. La película cuenta la historia de lo que sucedió en la noche del 26 de Septiembre de 2014. Sin embargo, los acontecimientos que se muestran han ofendido y enfurecido a no poca gente en México.
Después de la masacre de Ayotzinapa, la administración de Enrique Peña Nieto lanzó su propia investigación y los investigadores llegaron a la conclusión de que los estudiantes fueron secuestrados por un cartel local de la droga. Asimismo concluyeron que los cuerpos habían sido quemados en un vertedero de basura. Casi de inmediato, el pueblo de México, y especialmente los padres de los desaparecidos, no aceptaron la verdad oficial que asumía que sus hijos habían sido asesinados y luego quemados en el basurero.
Justo antes del primer aniversario de los acontecimientos de Ayotzinapa, un equipo internacional de expertos realizó su propia investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Este equipo encontró que no había evidencia para apoyar la afirmación de que los estudiantes habían sido puestos a disposición de un cartel de la droga local y luego quemados en el vertedero de basura. Estas conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han devuelto la esperanza a los familiares de los 43 desaparecidos; sin embargo, el reciente lanzamiento del filme La noche de Iguala tiene a los padres y simpatizantes preocupados de que se estén propagando mentiras sobre esa noche ominosa.
Antes del lanzamiento de la película, una petición se inició en Change.org para prohibir el estreno de la película y para detener cualquier promoción adicional. Durante las últimas semanas la petición ha reunido más de 2.200 firmas con la esperanza de llegar a 2.500. La petición se inició con la idea de preservar la verdad y el respeto a la memoria de los desaparecidos. Muchas personas creen que la administración de Enrique Peña Nieto ayudó a realizar la película con la esperanza de que el pueblo de México creería la “verdad oficial” del Estado. Pero los familiares de los 43 ni los simpatizantes han sido engañados.
Es fácil comprender por qué el gobierno mexicano quiere que la sociedad civil crea en su narrativa de los acontecimientos de Iguala. Los índices de aprobación de Peña Nieto están en su punto más bajo mientras la llamada “guerra contra las drogas” continúa causando estragos en México. El ex presidente Felipe Calderón y Peña Nieto han hecho más que suficiente para asegurar que la corrupción, la licitación sucia y el crimen organizado permanezcan impunes en México. Después de todo, es el dinero ilegal proveniente del narcotráfico y otras actividades ilícitas que mantiene a políticos, empresarios y criminales disputándose el poder.
Por encima de todo, las implicaciones de esta película son pavorosas. En pocas palabras, mediante la promoción de una película como ésta, la administración de Enrique Peña Nieto está ignorando por completo a sus gobernados a quienes juró gobernar con respeto y dentro de la legalidad. La administración de Peña Nieto ha creado artificiosamente su propia verdad de los hechos con la esperanza de que con ella la ciudadanía se olvidará de lo sucedido. Aunque, el aniversario del primer año ha pasado, los familiares de los 43 desaparecidos continúan luchando para exponer la verdad y con el paso de los días han ido ganando apoyo en el mundo.
En pocas palabras, La noche de Iguala es propaganda oficial. La administración de Peña Nieto apoyó esta película para promover la “verdad histórica” de esa noche fatídica. Esta decisión de su administración es muy similar a la actitud del gobierno de México para hacer películas de propaganda en la década de 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, ensalzaban su nueva relación con las Naciones Unidas en la lucha contra los nazis. Pero la diferencia es que en 1940 se utilizó la propaganda para luchar contra el fascismo y, hoy en día, la propaganda se utiliza para proteger la ignominia gubernamental y desacreditar a los familiares de los 43 desaparecidos.
La decisión de realizar una película dramatizada de la masacre en Iguala es problemático porque es precisamente eso: una dramatización. En el drama del filme se basa en los hechos que el Estado reconoce como la “verdad histórica”. Asimismo, los momentos cruciales de los hechos no fueron mostrados y al omitirlos se comete un de injusticia contra los familiares de los desaparecidos y contra el pueblo de México. Mientras que algunos de los hechos específicos de la masacre son conocidos, la formulación de ficción de lo que no sabemos arruina cualquier esperanza para la película. A pesar de la naturaleza horrenda de esta tragedia, el filme no aporta absolutamente nada para ayudar a encontrar respuestas acerca de lo que sucedió en la noche de Iguala. Al contrario, solo perpetúa el orden del día de la administración de Peña Nieto y su completa falta de preocupación por las familias, las víctimas de Ayotzinapa y la sociedad civil de México.
Si los índices de aprobación de Peña Nieto estaban en su punto más bajo antes de la producción del filme, ahora es muy posible que estén todavía más abajo. Su administración ha demostrado una y otra vez lo poco que les importa el ciudadano de a pie en México. La administración peñista sea ha ocupado y preocupado en impulsar su propia agenda neoliberal y minimizar al mínimo lo sucesos de Iguala para que no tengan mayor repercusión en México y en el exterior. Por su parte, las voces de los familiares de los 43 estudiantes siguen haciendo eco y su mensaje está trascendiendo fronteras. Recientemente, Antonio Tizapa —padre de uno de los estudiantes desaparecidos— corrió el maratón de Nueva York para que el mensaje de lucha por justicia en Ayotzinapa continúe expandiéndose. El mensaje fue claro: despertar la conciencia y empatía de la población al norte del río Bravo sobre los acontecimientos de Iguala. Peña Nieto podrá escamotear la “verdad histórica” con un reporte y un filme propagandístico, pero la verdad prevalecerá a pesar de los esfuerzos infames del Estado.
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Parker Asmann se graduó en periodismo y en español en DePaul University, en el 2015. Reside en Chicago y le interesan los temas de derechos humanos y justicia social. Es miembro del consejo editorial de El BeiSMan.
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